Rehabilitación

Una de las principales apuestas del Gobierno para este año que acaba de empezar es la nueva Ley de Economía Sostenible, una disposición que antes de nacer ya se ha visto empañada por la polémica. La previsión del Ejecutivo es que tras superar los trámites correspondientes, vea la luz antes del verano, pero suponemos que hasta entonces volverá a ser motivo de discrepancias.

El Anteproyecto de ley contiene distintas medidas de carácter fiscal que afectan a la vivienda. Además de la deducción por alquiler, que se calcula que beneficiará a un millón de personas -entre inquilinos y propietarios- y a la reducción de los beneficiarios que podrán deducir en el IRPF por la compra de vivienda, la futura Ley de Economía Sostenible da un fuerte impulso a la rehabilitación. De hecho, rehabilitación y alquiler ya son las dos principales bazas del Gobierno en materia de vivienda, en su Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Con la aplicación de la ley se podrá deducir un 10 por ciento en el IRPF por obras de rehabilitación que tengan lugar en la residencia habitual y que permitan aumentar la eficiencia energética, ahorrar agua o mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida. Y es que, en épocas de crisis, la rehabilitación se demuestra como una buena salida para particulares y también para empresas relacionadas con la construcción, que optan por reorientar su negocio. No es casual que mientras las peticiones de visados para obras de nueva construcción se han desplomado, las solicitudes de permisos para reformas se han incrementado de forma considerable.

En el último año, la rehabilitación ha crecido un 20 por ciento y la propia Ministra de Vivienda ha declarado que espera que en 10 años llegue a suponer el 35 por ciento de la actividad del sector residencial, frente al 25 por ciento actual; porcentajes que aún están lejos del 43 por ciento de media de la Unión Europea o del 62 por ciento de países como Alemania. Pero no todo el mundo está de acuerdo con los planes del Gobierno en esta materia: promotores y constructores dudan de la efectividad de esta medida en la recuperación del sector.